Completo aislamiento técnico del gobierno en materia de propiedad intelectual

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Era cuestión de tiempo y de independencia democrática. El resultado: No hay un solo organismo asesor técnico del Gobierno que esté actualmente dando respaldo legal o económico al actual modelo en materia de propiedad intelectual en nuestro país. El contenido técnico de las recientes propuestas legislativas (léase Ley de Economía Sostenible) quedan en entredicho.

Ni la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios que encargada por el propio Consejo de Ministros para emitir un Informe sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (mayo de 2009) que resultó demoledor contra el actual sistema y que por su relevancia hacemos accesible desde nuestra web.

Ni la Comisión Nacional de la Competencia que acaba de publicar un INFORME SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL en el que reconoce el carácter esencialmente monopolístico del actual modelo negando respaldo técnico a nuestro sistema jurídico y económico de propiedad intelectual.

Si seguimos las conclusiones de estos informes y por tanto quitamos el componente técnico de la normativa vigente lo que queda es el lobby y unos procesos legislativos fallidos que son capaces de legislar a favor de grupos de intereses y no del bien público.

Si se quiere ilustrar un poco más este aislamiento técnico basta hacer pública una pregunta que ya se ha formulado desde la presidencia de nuestra Asociación: ¿Alguien conoce un jurista que no se de cuenta que el canon no compensa la copia privada sino los supuestos y no probados usos fraudulentos de los contenidos digitales? Es insostenible, salvo que te enriquezcas con ello, criminalizar la piratería y al mismo tiempo considerarla copia privada para imponer un canon.

Sobre esa piedra se puede construir, sin mucho problema, una tergiversación completa de nuestra democracia como han probado algunos aspectos del Paquete Telecom y del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Esperamos, sinceramente, que la razón técnica vuelva a ser parte de la legitimación de la acción del Gobierno y que este cumpla su sentido último de Estado.