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Hispalinux ve con satisfacción y apoya totalmente la proposición de ley 122/000126, presentada por Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados sobre las "Medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado" y que ha sido publicada el 4 de enero en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_145-01.PDF

Esperamos y deseamos que TODOS los grupos políticos y especialmente aquellos que en sus programas electorales defendían la adopción de políticas favorables al software libre, apoyen esta Proposición.

Hispalinux quiere recordar a todos los representantes políticos que la adopción de software libre supone un beneficio neto para las Administraciones Públicas y sus ciudadanos, como ha quedado demostrado en las Comunidades Autonomas que ya han optado por implantar soluciones de este tipo en nuestro país como es el caso de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y muchas otras que están gobernadas por los distintos partidos políticos. No tendría sentido, por tanto, no armonizar y extender estos éxitos a través de esta legislación.

Así mismo nos gustaría recalcar que la adopción de soluciones de software libre en entornos de la Administración supondría un gran avance, tal y como determina la Proposición de Ley presentada, en los siguientes aspectos:

• Optimización de la inversión en Tecnologías de la Información (TIC) por parte de la Administración Pública al poder usar las mismas soluciones en múltiples escenarios.
• Fomento de la innovación tecnológica y mejora sustancial de la competitividad empresarial de todos los sectores productivos de nuestra sociedad ya que todos pueden aprovechar esas mismas soluciones o parte de ellas.
• Independencia tecnológica de los proveedores lo que propicia un sano escenario de competencia real y una liberalización efectiva del mercado informático.
• Garantía y salvaguarda de los derechos civiles de los ciudadanos respecto a sus datos en poder de la Administración y el tratamiento que con ellos se realiza.
• Garantía la neutralidad tecnológica del Estado y no coadyuga la de los ciudadanos y empresas en sus relaciones con el mismo
• Mejora de la transparencia administrativa.
• Garantía la interoperabilidad con otras Administraciones públicas nacionales y extranjeras.

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