PUNTO DE PARTIDA FRENTE A LA LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE

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Como advertimos, el Paquete Telecom ya ha comenzado a ser desarrollado en nuestro derecho.

Nada más hacerse público el anteproyecto Hispalinux denunció  la forma en que se pretendían legislar materias tecnológicas fundamentales, completamente al margen de los agentes sociales, que nunca son consultados, y de los colectivos afectados que es algo diferente de los lobbies que van a salir beneficiados arbitrariamente.

Pues bien, al día siguiente el Gobierno ha asumido el riesgo de consultar al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado -con anterioridad lo había decidido respecto del CENATIC en lo que parece ser una verdadera excepción, casi histórica, a la falta habitual de transparencia en estos ámbitos.

No obstante esa es la única luz que podemos destacar en este anteproyecto en lo relativo a la regulación del acceso y uso de internet. Añadimos que no ha sido una iniciativa legislativa aislada sino que en los últimos 15 días se han aprobado un buen número de normas fundamentales desde publicidad a la interoperabilidad con un contenido que parece un ajuste de cuentas con la Red. En España subsiste el axioma de que la ley se esgrime cuando los derechos se ejercen.

Hispalinux advierte que las medidas reguladoras de Internet van a poner gravemente en desventaja a nuestra industria en la red, para proteger a una industria de contenidos extranjera, que actuará a modo de monopolio en España a través de su filial de facto que será la SGAE o la entidad de gestión de turno. Las medidas previstas en la Ley de Economía Sostenible afectan a cualquier servicio de la sociedad de la información con contenido de propiedad intelectual y esto, para el caso que no se haya enterado el Gobierno, afecta no sólo a un servicio ilegal de descargas sino a cualquier industria de nuevas tecnologías que utilice la red como parte de su distribución o como contenido de su servicio.

Hablamos de que se pretende trasladar, a conveniencia de las entidades de gestión y de las operadoras de telefonía, los conflictos de propiedad intelectual que les afectan a un terreno en el que son juez y parte. Además sortearían la jurisdicción civil, incluso para conflictos que podrían tener enorme transcendencia y complejidad técnica y que exigen  de las máximas garantías de equilibrio entre las partes. Así, de aprobarse esta ley atribuciones de titularidad de derechos de autor podrían ser otorgadas por una vía de excepción, por partes interesadas -no neutrales ni objetivamente independientes-  generando un nivel de incertidumbre insostenible para cualquier decisión empresarial en la red, desde España.

Hablamos de eliminar garantías de seguridad jurídica a la inversión y a la industria local y de entregar una función pública a sectores con intereses privados, especialmente las entidades de gestión como la SGAE que conformarán mayoritariamente los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual. En este escenario es casi imposible la neutralidad de la red,principio irrenunciable para una economía competitiva y una sociedad civil jurídicamente viva.

Nos preocupa, asimismo, la grave amenaza contra la privacidad de los ciudadanos que supone que la Comisión de Propiedad Intelectual tenga acceso a datos de carácter personal del mayor nivel, sin asistencia judicial y sin conocimiento del propio afectado, generando la obligación de proporcionárselos a los prestadores de servicios de la sociedad de la información (desde las operadoras de telefonía para abajo).

En esas circunstancias es imposible ejercer una defensa en condiciones, en un procedimiento de excepción con un margen de cuatro días, con pruebas que por su naturaleza probatorio serían inútiles para  fundar una condena en un tribunal, pues no sirven para obtener una identificación indubitada de las personas implicadas, y sin posibilidad por parte de las personas físicas y jurídicas afectadas de acceder y usar el mismo tipo de pruebas que la Comisión esgrime –la comisión no necesita al Juez para acceder a ellas- y  con violación directa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) así como de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías que proclama el art. 24.2 apartados. 1 y 2 de la Constitución.

El texto propuesto puede y debe ser reformado. Los efectos a medio plazo -imposibilidad de la neutralidad de la red y de una industria local fuerte basada en Internet- y a largo plazo -dependencia tecnológica y cultural estructural y un enorme debilitamiento del papel del ciudadano en nuestra democracia- nos parecen inasumibles.

HISPALINUX (> 8000 socios) como la mayor asociación de desarrolladores, usuarios, geeks, tecnológos y hackers de España e Iberoamérica hace un llamamiento a un necesario consenso técnico entre las distintas fuerzas políticas.Lo que nosotros sabemos y compartimos con vosotros, políticos, es que en el tiempo presente ya no hay legitimidad democrática fuera de la libertad de la Red.